Luego de que el Presidente Milei enumeró los puntos del pacto de Mayo, finalizando su alocución en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, nos sorprendió que no hubiese ni uno solo referido a la educación. Es por ello que aquí desde Circus Edu deseamos ofrecer nuestros diez puntos educativos, nuestro pacto de mayo “paralelo”.
Primero, diseñar un sistema enfocado en la capacidad de aprender de sus participantes. La política educativa del Estado debe lograr un diseño de instituciones con énfasis en la capacidad de aprendizaje, con independencia de la disciplina enseñada. El Sistema Educativo Nacional (SEN) debe comprometerse con aprendices autónomos, entusiasmados por la idea de aprender durante toda la vida.
Segundo, diseñar un mecanismo de validación de aprendizajes. Las instituciones educativas deben estar preparadas para evaluar, validar y certificar aprendizajes de cualquier disciplina y para personas de cualquier edad. Esto aplica tanto para lo enseñado puertas adentro como para lo traído desde afuera del sistema. La evaluación debe ser constante, abierta, transparente y dinámica.
Tercero, diseñar un sistema que habilite la personalización de trayectorias educativas. Cualquier persona tendrá la oportunidad de desarrollar un perfil de aprendiz de acuerdo con sus intereses, curiosidades, apetitos, tiempos y condiciones particulares. Los diplomas generales serán paulatinamente complementados y eventualmente reemplazados por perfiles individuales de conocimientos y dominios.
Cuarto, diseña una pedagogía basada en trabajos por proyectos. Las instituciones educativas organizarán la mayor parte del programa o propuesta de trabajo a través de proyectos, preferentemente locales, dando la oportunidad a los aprendices de experimentar en primera persona el enlazamiento de cada disciplina con situaciones y problematizaciones de la vida cotidiana.
Quinto, el financiamiento del sistema será mixto. El gasto público en educación será asignado en base a logros y cumplimiento de metas, a condiciones de necesidades críticas de aprendizaje, y a preferencias de los ciudadanos. El gasto privado en educación generará un crédito fiscal aplicable a becas, mejoras edilicias y apoyo docente en instituciones aledañas al lugar de generación del gasto.
Sexto, referido a la responsabilidad del directivo. Los directivos de las instituciones educativas serán penalmente responsables frente al incumplimiento de los objetivos de aprendizaje de sus instituciones. Gozarán de libertad para contratar y desvincular personal docente y no docente. Las metas y compromisos de sus instituciones deberán ser públicas, y estar auditadas anualmente.
Séptimo, referido a la docencia. Los docentes y trabajadores de la educación deberán revalidar con periodicidad su aptitud profesional para la práctica de la tarea docente. El proceso incluirá actualizaciones del campo disciplinar propiamente dicho, progresos científicos del campo de la neurociencia, y evaluaciones psicosociales personalizadas conducidas por profesionales habilitados.
Octavo, sobre la responsabilidad de los adultos. Los adultos poseen la oportunidad y responsabilidad de proveer las mejores oportunidades de aprendizaje para sus menores a cargo. El descuido o desatención de este debe generará consecuencias para los responsables, como multas, pérdida de privilegios, boqueo de permisos, o la imposición de tareas sociales a desarrollarse en la institución escolar de sus menores.
Noveno, sobre la validez de títulos y diplomas. Los certificados de estudio de cualquier disciplina, carrera u orientación profesional tendrán una vigencia finita, diferente para cada caso, y podrán ser revalidados mediante exámenes y evaluaciones de idoneidad impartidos por agencias independientes, especializadas en la función y acreditadas como tales.
Y por último, decimo, sobre la gestión de las instituciones. Toda institución educativa de gestión estatal que no sostenga en el tiempo estándares mínimos de aprendizaje y calidad en su enseñanza, será transferida al sector privado durante un período de tiempo en el cual la nueva administración tendrá garantizado el mismo nivel de financiamiento que recibía anteriormente.
